UART: La oportunidad de terminar con los abusos en riesgos del trabajo

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) considera que la nueva Ley de Modernización Laboral es una oportunidad única para que la Justicia frene los abusos en demandas por accidentes de trabajo. Ante el récord de litigiosidad de 2025 con más de 134.000 casos en todo el país, la nueva legislación introduce herramientas para mejorar la previsibilidad del sistema y ordenar aspectos estructurales del proceso que serán materia de aplicación de los jueces.

Entre los puntos centrales de la ley, con relación a la judicialidad en riesgos del trabajo, se destacan:

• Honorarios periciales. Los peritos ya no cobrarán un porcentaje de la indemnización que ellos mismos establecen (art. 78). La ley crea un nuevo esquema de honorarios, con mínimos no porcentuales, sujeto a determinación del juez según tarea efectivamente realizada (arts. 95 a 97).
• Obligación de los jueces laborales de acatar la jurisprudencia de la Corte Suprema. Cuyo incumplimiento podría configurar mal desempeño, fortaleciendo la seguridad jurídica y evitando el dispendio judicial vinculado a las apelaciones y vías recursivas (art. 89).
• Fuero laboral en CABA. Transferencia del fuero nacional laboral a la Ciudad de Buenos Aires, aportando claridad institucional a la situación actualmente vigente (arts. 90 y 91).
• Cuerpos Médicos Forenses (CMF). Incorporación de parámetros técnicos objetivos vinculados a los CMF y pericias judiciales, reduciendo discrecionalidades (art. 154)

Mara Bettiol, presidente de la UART, explicó: “La norma establece un marco claro y una nueva oportunidad para el poder judicial de cumplir con la legislación y frenar la avalancha de demandas sin sustento. Con la vigencia de la nueva ley, la llave estará en la interpretación y aplicación que realice el Poder Judicial. El impacto real de la reforma dependerá de la consistencia institucional en su cumplimiento”.

Récord: 134.000 juicios ingresados en 2025 y una litigiosidad fuera de escala

En 2025 se registraron más de 134.000 nuevos juicios laborales por riesgos del trabajo, con una tasa de 132,8 juicios cada 10.000 trabajadores.

Además, el 73% de la litigiosidad se concentra en tres provincias: PBA, CABA y Santa Fe, generando una profunda afectación de la competitividad laboral dentro del país.

Este nivel de judicialización no solo resulta altísimo en términos absolutos, sino desproporcionado al compararlo entre las provincias o con otros países.

La doble paradoja del sistema de riesgos del trabajo en Argentina

1. Paradoja interna: Menos accidentes y menos fallecimientos, pero más juicios. Desde la implementación del sistema de riesgos del trabajo, los siniestros laborales se redujeron un 55% y los fallecimientos descendieron un 80%, lo que representa más de 19.000 vidas salvadas. Sin embargo, la litigiosidad no acompañó esa mejora objetiva en los indicadores de seguridad y prevención.
2. Paradoja internacional: Estándares de gestión alineados con el mundo, pero litigiosidad desbordada. Mientras Chile registra 5,8 juicios cada 10.000 trabajadores y España 8,5, Argentina alcanza 132,8. La litigiosidad argentina es 2.200% superior a la chilena y 1.500% superior a la española, pese a contar con un sistema alineado con estándares internacionales y con cobertura incluso más protectora.

El rol determinante de la Justicia

La reforma marca un punto de inflexión. Su efectividad dependerá de la interpretación y aplicación judicial consistente de la ley.

Reducir la litigiosidad injustificada no es un objetivo sectorial: es una condición necesaria para mejorar la competitividad de las provincias, fortalecer el empleo formal y consolidar un sistema que ya ha demostrado resultados contundentes en prevención y protección.

El país cuenta hoy con una oportunidad concreta para comenzar a normalizar un fenómeno que se encuentra fuera de escala. El marco legal está dado. La responsabilidad institucional en su implementación será decisiva para transformar esta oportunidad en una solución sostenible.

La Justicia Laboral tiene ahora la oportunidad de frenar la alta litigiosidad, una tarea que exige el cumplimiento de deberes fundamentales, como es cumplir y hacer cumplir con la parametrización de la Ley sobre Riesgos del Trabajo. Solo con un compromiso activo de los magistrados, y dejando atrás la pasividad cómplice frente a las pericias infladas, se logrará la plena efectividad de esta legislación.