Sancionan a Agrosalta con una multa superior a los $41 millones por delegar funciones aseguradoras en terceros

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) aplicó una multa de $41.124.110,06 a Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada tras comprobar que delegó actividades propias de la operatoria aseguradora en una sociedad no autorizada. La medida, formalizada mediante la Resolución RESOL-2026-496-APN-SSN#MEC, también penaliza inconsistencias registrales y la falta de respaldo documental sobre el circuito de cobranzas y comisiones vinculadas a la emisión de 495 pólizas.


La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) aplicó una multa de $41.124.110,06 a Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada tras comprobar que delegó actividades propias de la operatoria aseguradora en una sociedad no autorizada. La medida, formalizada mediante la Resolución RESOL-2026-496-APN-SSN#MEC, también penaliza inconsistencias registrales y la falta de respaldo documental sobre el circuito de cobranzas y comisiones vinculadas a la emisión de 495 pólizas.



En el marco de sus facultades de fiscalización y control previstas en los artículos 58 y 67 de la Ley N° 20.091, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), bajo la conducción del superintendente Guillermo Plate, dictó la Resolución RESOL-2026-496-APN-SSN#MEC. El proceso sumarial se inició a raíz de la denuncia presentada por el Productor Asesor de Seguros (PAS) Gustavo Adrián Briolotti (Matrícula SSN N° 60.493), quien advirtió sobre la emisión de 495 pólizas mediante el uso apócrifo de su matrícula —vinculando en su presentación al ex PAS José Alberto Mastrobuono, dado de baja en 2004— e involucrando a Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada y a la firma AGS Comercializadora S.R.L..    

Tras las inspecciones realizadas por las Gerencias de Inspección y de Autorizaciones y Registros, el organismo de control constató que Agrosalta había suscripto un "Contrato de Administración y Comercialización" con AGS Comercializadora S.R.L., una entidad no inscripta ni sujeta a la supervisión estatal. Dicho acuerdo excedía la mera colaboración accesoria y configuraba una transferencia de funciones técnicas y operativas esenciales hacia un tercero no habilitado, vulnerando el principio de objeto exclusivo y de infraestructura propia exigido por los artículos 2° y 7° de la Ley N° 20.091.    

Prohibición de tercerizar el núcleo asegurador: La SSN determinó que el contrato suscripto entre Agrosalta y AGS Comercializadora S.R.L. vulneró los artículos 2° y 7° de la Ley N° 20.091 al delegar en un sujeto no supervisado la cobranza directa de fondos, la administración de pólizas y la gestión de siniestros.

Entre los hallazgos centrales y disposiciones sancionatorias establecidas en la resolución oficial, se destacan:

  • Delegación irregular de funciones esenciales: Las inspecciones verificaron que AGS Comercializadora S.R.L. asumía la captación de productores, la gestión de cobranzas con percepción directa de fondos, la administración de pólizas, la atención de asegurados y la intervención en siniestros, actividades reservadas exclusivamente a entidades autorizadas por la SSN.    

  • Deficiencias de trazabilidad y obstaculización del control: La aseguradora no aportó documentación respaldatoria suficiente sobre la intervención del PAS denunciante en las pólizas cuestionadas ni acreditó la liquidación de comisiones y la trazabilidad económica de las cobranzas, infringiendo los deberes de información y fiscalización dispuestos en los artículos 68 y 69 de la Ley N° 20.091.    

  • Aplicación de multa económica: Encuadrando la conducta como un ejercicio irregular de la actividad aseguradora conforme al artículo 58, inciso c) de la Ley N° 20.091 —y considerando los antecedentes sancionatorios de la entidad—, el regulador impuso una multa de $41.124.110,06 (cuarenta y un millones ciento veinticuatro mil ciento diez pesos con 06/100), fijada según los parámetros de cálculo de la Gerencia de Evaluación.    

  • Vía recursiva digital: Se estableció que la sanción es recurrible en los términos del artículo 83 de la Ley N° 20.091 dentro de un plazo perentorio de cinco días, debiendo canalizarse cualquier apelación exclusivamente a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD).    

Falta de respaldo contable y trazabilidad: El organismo encuadró la conducta en los artículos 68 y 69 de la ley sectorial tras verificar inconsistencias entre los frentes de póliza y los registros internos, además de la ausencia de documentación sobre el pago de comisiones.    

Con esta resolución, la autoridad de control reafirma la vigencia estricta del marco regulatorio y la indelegabilidad de las funciones nucleares que definen a las entidades aseguradoras. A futuro, el fortalecimiento de las auditorías sobre los canales de comercialización y administración busca optimizar la trazabilidad financiera, erradicar esquemas operativos por fuera de la supervisión estatal y garantizar la transparencia y solvencia institucional del mercado asegurador argentino.   


Acceda a la Resolución completa aquí: 496 SUN BO (1).pdf