En una mesa debate clave de la Tercera Cumbre Aseguradora, Mara Bettiol (UART) y Fernando Pérez (SRT) trazaron el balance de tres décadas del sistema de cobertura laboral. Pese a que los fallecimientos cayeron un 80% y la vía administrativa resuelve el 87% de los casos, la litigiosidad judicial consume el 50% de la prima aseguradora y desvía casi la mitad de las indemnizaciones hacia honorarios e intermediación.
El panel compartido por Mara Bettiol, presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) y Fernando Pérez, gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) expuso los indicadores estructurales acumulados en 30 años de funcionamiento del sistema. La evolución en materia de prevención arrojó resultados contundentes:
Reducción de la mortalidad: Los accidentes fatales en el ámbito laboral disminuyeron un 80%, lo que equivale a más de 20.000 vidas salvadas desde la creación del sistema.
Siniestralidad y gravedad: La siniestralidad general bajó un 55%, registrándose además lesiones de menor nivel de incapacidad, lo que facilita el retorno temprano del trabajador a su puesto.
Escala de protección: El sistema alcanza hoy a 9,5 millones de trabajadores y a más de 1 millón de empleadores en todo el país (incluyendo el régimen de casas particulares).
Capacidad prestacional: Se brindan anualmente 14 millones de prestaciones en especie (asistencia médica, rehabilitación y farmacia) y se resuelven en tiempo y forma el pago de las prestaciones dinerarias dentro de la ventana legal de 60 días.
En materia de resolución de reclamos, la SRT precisó que el canal administrativo —integrado por las ART y las Comisiones Médicas— resuelve de manera directa el 87% de los 700.000 a 750.000 trámites anuales que ingresan al sistema.
"En 30 años salvamos más de 20.000 vidas por la caída del 80% en los accidentes mortales. La prevención y la atención del sistema funcionan, pero la alta capacidad de respuesta no debe confundirse con la sustentabilidad financiera."
A pesar de las mejoras sustanciales en seguridad laboral y de la alta resolución administrativa, el sector enfrenta una marcaba paradoja: el crecimiento incesante de la judicialización de contingencias.
Se proyecta para este año un nuevo pico histórico de 140.000 nuevos juicios, de los cuales un 80% corresponde a casos que eluden el paso por las Comisiones Médicas o que fueron rechazados por no tratarse de patologías o accidentes de origen laboral.
Esta distorsión genera un severo impacto en la competitividad y la previsibilidad del costo laboral:
Desvío de la prima: Cerca del 50% de la prima aseguradora se destina a financiar el costo de la litigiosidad judicial artificial.
Fuga hacia la intermediación: Del total de la reparación dictaminada en sede judicial, solo el 55% llega al trabajador damnificado, mientras que el 45% restante se diluye en honorarios de abogados, peritos de parte y costos del aparato judicial.
Impacto del punto de incapacidad: La divergencia entre los baremos oficiales y los peritajes judiciales arbitrarios genera un costo adicional de aproximadamente $2,5 millones por cada punto de incapacidad sobrevaluado.
"El sistema administrativo resuelve el 87% de los reclamos anuales. La litigiosidad judicial responde a un bypass artificial: este año alcanzaremos un récord de 140.000 juicios donde el 45% del valor invertido queda en intermediación judicial."
Para corregir la brecha entre las evaluaciones médicas administrativas y los fallos de los tribunales laborales, la SRT y la UART remarcaron la necesidad urgente de poner en funcionamiento los Cuerpos Médicos Forenses o Cuerpos Periciales Oficiales en las distintas jurisdicciones provinciales, desacoplando los honorarios de los peritos del monto final del juicio.
Durante el debate se detalló el mapa de avances jurisprudenciales y normativos en las principales provincias:
Provincia de Buenos Aires: Convocatoria a concurso para la integración de un cuerpo pericial dentro de la estructura existente del Poder Judicial.
CABA: Creación de un cuerpo de peritos oficiales atado a baremos técnicos en el marco del traspaso del fuero laboral a la jurisdicción porteña.
Mendoza: Consolidación de pericias médicas a cargo exclusivo de peritos oficiales del Estado.
Santa Fe: Puesta en marcha del nuevo Código Procesal Laboral con la designación de los primeros peritos oficiales.
Córdoba: Aprobación de la acordada del Superior Tribunal de Justicia para constituir el cuerpo pericial con asignación presupuestaria.
Otras jurisdicciones: Avances normativos y acuerdos en Jujuy, San Luis y Chubut.
De cara al futuro del sistema, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo expuso el desarrollo del programa Prevención 4.0, un esquema que incorpora herramientas de Internet de las Cosas (IoT) e Inteligencia Artificial (IA) para la anticipación de riesgos y la detección temprana de enfermedades profesionales.
Asimismo, se informó que en el ámbito del Comité Consultivo Permanente —con la participación de cámaras empresarias como la UIA y representaciones sindicales— se trabaja en el borrador de un proyecto de Ley Marco de Prevención de Riesgos del Trabajo, con el objetivo de dotar a la Argentina de un estándar regulatorio de vanguardia adaptado a las nuevas modalidades del mercado laboral e independiente.
