Un joven se sometió a una cirugía nasal para mejorar su respiración, pero luego denunció secuelas funcionales y estéticas. La Cámara de Morón revocó el fallo inicial y ordenó una millonaria indemnización a los médicos, al sanatorio y a la aseguradora.
En la medicina, el consentimiento informado se volvió una pieza central de la relación médico-paciente a partir de la segunda mitad del siglo XX, precisamente para evitar que una intervención destinada a mejorar la salud termine, como en este caso, convertida en el origen de un reclamo judicial. Un joven de 19 años se sometió a una cirugía de nariz para respirar mejor y corregir una desviación del tabique, pero el resultado fue muy distinto al esperado: denunció que la obstrucción persistió y que su nariz quedó deformada.
El caso llegó a la Justicia y, aunque en un primer momento su demanda fue rechazada, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Morón revocó esa decisión y ordenó una indemnización de $49.800.000 más intereses. El tribunal entendió que había elementos suficientes para atribuir responsabilidad a los profesionales que participaron de la intervención y al sanatorio donde se realizó la operación.
Se operó la nariz para respirar mejor y denunció que quedó con secuelas
El 12 de julio de 2022, Gonzalo Ramiro Aguiar fue sometido a una rinoplastia estética y funcional en el Sanatorio Nuestra Señora del Pilar, en Morón.
Antes de la cirugía, el joven presentaba una desviación del tabique nasal, dificultades para respirar, ronquidos y alteraciones en la percepción de olores y sabores. Por eso, buscaba corregir esos problemas y, al mismo tiempo, mejorar la apariencia de su nariz.
Sin embargo, tras la intervención comenzó a advertir que las molestias no cedían. Según relató en la demanda, en los controles posteriores también observó cambios en la forma de su nariz y otras complicaciones que lo llevaron a insistir con su reclamo.
Entre las secuelas que denunció se encontraban:
* Dificultades respiratorias que no habían mejorado con la operación.
* Sequedad frecuente en la boca y la garganta.
* Una alteración en la apariencia de la nariz.
* Dolores y sangrado durante una revisión médica.
El paciente sostuvo que una de las profesionales le informó que no se habían retirado por completo ciertos espolones óseos. Luego consultó con otros especialistas, quienes evaluaron la posibilidad de realizar una nueva intervención para corregir la obstrucción nasal. En términos médicos, este tipo de cuadros suele asociarse a complicaciones funcionales posquirúrgicas que, si bien no prueban por sí solas una mala praxis, sí obligan a revisar con precisión la técnica empleada, la evolución postoperatoria y la calidad del seguimiento clínico.
Por qué la Justicia inicialmente rechazó la demanda por mala praxis
El Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 7 de Morón había rechazado el reclamo en noviembre de 2025. La decisión se apoyó principalmente en una pericia médica que no consideró suficientemente demostrado el vínculo entre la operación y las secuelas denunciadas.
Sin embargo, el joven apeló y la Cámara revisó las pruebas incorporadas al expediente. Los jueces señalaron que la posibilidad de realizar una cirugía reparadora no elimina los daños que el paciente pudo haber sufrido previamente.
También tuvieron en cuenta una pericia psicológica que detectó un trastorno adaptativo crónico, con ansiedad y síntomas depresivos, y estableció una incapacidad psicológica del 15%.
Otro aspecto relevante fueron las irregularidades en la documentación médica. La Cámara advirtió que los formularios de consentimiento informado no explicaban adecuadamente los riesgos y las posibles complicaciones de la cirugía.
Además, identificó registros poco legibles y faltantes en la historia clínica, especialmente en lo referido a los controles posteriores y al seguimiento del paciente. En litigios por presunta mala praxis, la historia clínica suele ser una prueba decisiva: cuando está incompleta o es imprecisa, puede debilitar la defensa de los prestadores de salud y favorecer la lectura judicial de que hubo fallas en la trazabilidad del acto médico.
La indemnización de casi $50 millones que deberán pagar los médicos y el sanatorio
El 24 de agosto de 2026, la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Morón revocó la decisión de primera instancia.
El tribunal responsabilizó a los cirujanos Mauricio Vortali y Miriam Carina Sánchez, y al Sanatorio Nuestra Señora del Pilar.
La indemnización quedó distribuida de la siguiente manera:
- $30.000.000: por incapacidad y daño psicofísico.
- $18.000.000: por daño extrapatrimonial.
- $1.800.000: para tratamiento psicológico.
La condena también se extendió a la aseguradora Seguros Médicos S.A., dentro de los alcances de la cobertura correspondiente. Los jueces dispusieron aplicar intereses del 6% anual desde el hecho hasta la sentencia de Cámara y, posteriormente, la tasa pasiva más alta del Banco Provincia hasta el pago.
De esta manera, los $49.800.000 corresponden al capital de la indemnización. La suma definitiva será mayor una vez calculados los intereses establecidos en la sentencia.
Análisis y proyecciones
El fallo se inscribe en una tendencia judicial cada vez más exigente con los estándares de información, consentimiento y control posoperatorio en las intervenciones quirúrgicas. En casos como este, la discusión ya no pasa solo por el resultado estético o funcional, sino por la calidad del proceso asistencial completo: la indicación de la cirugía, la explicación de riesgos, la documentación del acto médico y la respuesta frente a complicaciones. Si esa cadena muestra vacíos, la responsabilidad civil de los profesionales y de la institución puede verse comprometida.
En adelante, este tipo de pronunciamientos puede reforzar la necesidad de historias clínicas más completas, consentimientos informados más detallados y seguimientos más precisos, especialmente en procedimientos combinados como la rinoplastia estética y funcional. También puede alentar a más pacientes a judicializar reclamos cuando perciben que el resultado negativo no fue solo una complicación posible, sino la consecuencia de una atención deficiente o insuficientemente documentada.
Evolución del caso y de la mirada judicial
Con el paso del tiempo, el eje del expediente se desplazó desde la discusión médica sobre la causa de las secuelas hacia la evaluación jurídica de la práctica profesional. En una primera instancia, pesó más la pericia médica que relativizaba el nexo causal; luego, la Cámara amplió el análisis al consentimiento informado, la historia clínica y la pericia psicológica, lo que terminó modificando el desenlace del litigio.
Ese cambio refleja una evolución más amplia en la jurisprudencia de responsabilidad médica: cada vez se valora menos la mera afirmación de que una cirugía podía tener complicaciones y más la necesidad de probar que el paciente fue debidamente advertido, que fue seguido con controles adecuados y que no hubo omisiones relevantes en la atención. En ese marco, la postura de los actores principales también se reconfiguró: el paciente pasó de reclamar una respuesta clínica a obtener una reparación judicial; mientras que los médicos y el sanatorio quedaron expuestos a una condena económica significativa junto con su aseguradora. (Identidad)
